Por José Gregorio Torres.

Lamentablemente en Venezuela, en estos últimos años nada parece cumplir con los estándares de calidad, menos aún en aquellos productos que más lo requieren incluyendo los alimenticios donde la calidad y la cantidad al parecer, compiten por ser los más malos y de menor garantía, esto no es negado para nadie, porque entre el precario ingreso económico para la subsistencia diría, se suma la necesidad de sobrevivencia, y ello permite, por tanto, el que los usuarios tengamos que consumir lo que hay y no lo que se requiere o se necesita, redundando estos factores en las condiciones psicológicas, anímicas y de salud de los ciudadanos.

Esto no es diferente en todas y cada una de las regiones del país, puesto que es una cultura impuesta desde nuestras propias autoridades quienes ante la no separación de poderes y el excesivo interés en el control político, aunado a los intereses que cada quien defiende para su beneficio, se ha convertido en una lucha de tira y encoge entre los productores, intermediarios y consumidores, estos últimos los más afectados, ya que deberían ser los defendidos y protegidos del estado, pero lamentablemente cuando el propio gobierno se convierte en empresario deja de ser parte del pueblo trabajador, para convertirse en patrón defensor de sus propios intereses económicos y políticos.
Viene a colación este punto en vista de que ya se ha venido haciendo común que los servicios públicos, se hayan convertido en un déficit generalizado en la decadente prestación de estos servicios, donde la calidad y la cantidad ya se han constituido en algo normal y legal, sin que los órganos de protección al consumidor puedan o intenten siquiera hacer algo, esto es un clamor que a diario se escucha en todas partes, y que últimamente en el caso de Carache se está notando puntualmente en lo que al gas doméstico se refiere, donde el servicio aunque no falta, los usuarios se quejan del llenando de las bombonas, las cuales al parecer están siendo surtidas con menos cantidad del producto, lo cual genera en los usuarios un gasto adicional, donde una bombona que duraba un tiempo determinado ahora se consume en menos tiempo, por tanto, altera el presupuesto familiar, sería importante que esto se revisara, puesto que de ser cierto, esto sería una irregularidad y un delito contra los usuarios.

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