CIENTOS DE MADRES ESPERAN JUSTICIA: LA LARGA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS EN VENEZUELA

Por Ing. Carlos Lozada

En las afueras de los penales Yare, Tocuyito y Tocorón, cientos de madres aguardan con esperanza y angustia la liberación de sus hijos detenidos. La situación en estas cárceles ha alcanzado un punto crítico, ya que el proceso de liberación se ha paralizado en varias de ellas, y hasta el momento, menos del 10% de los detenidos ha recuperado su libertad. Este panorama desolador refleja una crisis humanitaria que afecta a familias enteras en el país.

Entre las historias desgarradoras que emergen de esta realidad se encuentra la de Lauriannys Cedeño, una joven de apenas 17 años. Tras su arresto, Lauriannys sufrió un colapso nervioso que dejó a su familia sumida en el sufrimiento durante tres largos meses. Finalmente, fue liberada, pero el camino hacia su recuperación emocional y psicológica será arduo. Su caso resalta la necesidad urgente de reparar el daño causado por un sistema que ha fallado en proteger los derechos de los más vulnerables.

Otro testimonio impactante es el de José David Crespo, quien fue detenido a los 14 años junto a su padre en el estado Lara. A pesar de su juventud, pasó tres meses en prisión, enfrentando condiciones inhumanas y la negación oficial de la existencia de menores en las cárceles. Su padre continúa recluido en Tocorón, dejando a José David con el peso de una experiencia traumática que ningún niño debería vivir.

Las liberaciones recientes subrayan varias verdades innegables: estos jóvenes son inocentes, nunca debieron estar tras las rejas, y sus derechos han sido sistemáticamente violados. El debido proceso ha sido ignorado, vulnerando principios fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada. Además, han sido objeto de difamación y ataques a su reputación.

La Constitución venezolana establece claramente que ninguna persona puede ser detenida sin una orden de aprehensión y que deben garantizarse condiciones mínimas de reclusión. Sin embargo, la realidad es otra: se han reportado casos de malos tratos y la negación de atención médica a quienes más lo necesitan. La presunción de inocencia ha sido pisoteada, con declaraciones públicas que condenan a los detenidos antes de cualquier juicio.

La lucha por la libertad no puede cesar. La demanda de justicia es imperativa y la responsabilidad del Estado por los daños físicos y espirituales infligidos a los detenidos debe ser establecida. Las voces que claman «ni uno menos» resuenan con fuerza, exigiendo que todos los injustamente presos sean liberados bajo garantías procesales adecuadas.

En este contexto, la organización y la presión social han demostrado ser herramientas efectivas en la búsqueda de justicia. Es fundamental seguir luchando por un sistema que respete los derechos humanos y garantice un trato justo para todos.

La libertad para todos los injustamente presos no es solo un lema; es una exigencia que debe ser escuchada y atendida. La esperanza persiste entre las madres que esperan afuera de los penales, y con cada historia compartida, se fortalece la convicción de que un cambio es posible. La lucha continúa.