Por Ing. Carlos Lozada
A medida que el año 2024 llega a su fin, Venezuela se encuentra sumida en una crisis económica y social que ha dejado profundas huellas en la vida de sus ciudadanos. La devaluación del bolívar, un fenómeno que ha desatado una inflación imparable, ha pulverizado los salarios y ha llevado a millones de trabajadores a condiciones laborales precarias.
Los trabajadores, que en su mayoría reciben sueldos que apenas alcanzan para cubrir una fracción de sus necesidades básicas, enfrentan una realidad desgarradora. Muchos se ven obligados a aceptar empleos informales o mal remunerados, con jornadas extensas y sin derechos laborales. La falta de protección social se ha convertido en una constante, dejando a los venezolanos vulnerables ante cualquier eventualidad, ya sea una enfermedad o un accidente.
Los jubilados y pensionados, que deberían disfrutar de un merecido descanso tras años de trabajo, son quizás los más afectados por esta crisis. Sin un sistema de pensiones sólido y con beneficios que han perdido su valor adquisitivo, muchos de ellos viven en la pobreza extrema. Sin acceso a atención médica adecuada ni a servicios básicos, su situación es alarmante y refleja la falta de atención del Estado hacia quienes construyeron el país.
La educación, un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier nación, también ha sido severamente golpeada. Maestros y profesores, que deberían ser valorados y protegidos por su labor esencial, se encuentran en condiciones laborales desalentadoras. Muchos han optado por abandonar la profesión debido a los bajos salarios y la falta de recursos, lo que ha llevado a una deserción masiva en el sector educativo. Aquellos que permanecen en el sistema educativo lo hacen sin protección social y enfrentando desafíos diarios que comprometen la calidad de la enseñanza.
La devaluación del bolívar ha exacerbado estos problemas, creando un círculo vicioso de pobreza y desesperanza. Los precios de bienes y servicios continúan disparándose, mientras que los ingresos se desvanecen, dejando a las familias luchando por sobrevivir. La economía informal se ha convertido en la única alternativa para muchos, pero esta no ofrece estabilidad ni seguridad.
A medida que Venezuela avanza hacia el futuro, la necesidad de un cambio estructural se vuelve cada vez más urgente. La recuperación económica y social del país requiere políticas efectivas que prioricen el bienestar de sus ciudadanos. Es imperativo que se establezcan mecanismos de protección social robustos para trabajadores, jubilados y educadores, así como un enfoque integral que promueva la estabilidad monetaria y el desarrollo sostenible.
El cierre de 2024 deja a Venezuela en un estado crítico, pero también abre una puerta a la reflexión sobre el futuro del país. La esperanza se encuentra en la fortaleza de su gente, que continúa buscando alternativas para reconstruir sus vidas y su porvenir. No obstante, para que este anhelo se materialice, es fundamental que se escuchen sus voces y se implementen medidas concretas que atiendan las causas profundas de la crisis. Un cambio indetenible es posible si el pueblo se une y se organiza, mostrando al mundo que, a pesar de las adversidades, Venezuela tiene la fuerza y la determinación para levantarse y transformar su destino.
